El proyecto presentado originalmente apunta a declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde están asentados los barrios populares -que en un alto porcentaje son tierras privadas-, con participación obligatoria de las provincias y municipios involucrados. Sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) y cuya propiedad no sea del Estado Nacional.
