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viernes, 1 de junio de 2018

El Plan B del Gobierno Macri : militarizar las Zonas frente a recesión y contener el conflicto social


El lunes, en el breve mensaje donde promocionó el uso de lámparas LED y chicaneó a la oposición, el presidente justificó los tarifazos con el mantra que repite el coro oficial desde los días de campaña: “Íbamos hacia Venezuela”.

"El veto a la ley que moderaba el tarifazo activa el Plan B del Gobierno: militarizar la seguridad para custodiar el plan oficial de negocios y contener el conflicto social frente a la recesión que viene."



La afirmación es una ucronía con base falsa (la matriz social, productiva, económica y política de la Argentina es profundamente distinta a la venezolana), pero ya que el Gobierno gusta de los espejos distópicos, conviene mirar con atención lo que está ocurriendo en Brasil.

Las principales rutas llevan más de una semana interrumpidas por camioneros que protestan por el fuerte incremento en el valor del combustible. La medida -un lock-out acompañado por los trabajadores- provocó desabastecimiento de combustibles, alimentos y otros insumos básicos. Desde el miércoles, distintos gremios petroleros se sumaron a la protesta, por considerar que sus reclamos tienen un origen común con el de camioneros: las políticas de vaciamiento de Petrobras redujeron al mínimo las operaciones de la firma, lo que contribuyó a una disparada del precio del diesel.

La postales brasileñas quizá se vean replicadas próximamente en estas pampas. El gremio de camioneros, que conduce Pablo Moyano, ya anticipó que si se les niega un piso del 27 por ciento de incremento podrían tomar medidas de fuerza similares a las que realizan sus colegas del Brasil.

La advertencia, está claro, por ahora forma parte de la pirotecnia verbal lógica de una paritaria que se anticipa complicada. No sólo por la eventual reticencia de la patronal a otorgar el aumento que se reclama, sino -sobre todo- por la insistencia del gobierno de usar los salarios a la baja como ancla inflacionaria.

Con todos los precios en alza por efecto de la fuerte devaluación que aplicó en mayo, el gobierno sabe que será imposible sostener el tope del 15% de incremento que se aplicó durante el primer trimestre, pero aún aspira a que las paritarias cierren por debajo del 20%, es decir, entre 7 y 10 puntos menos de la inflación que se proyecta para este año.

La tensión de la paritaria camionera es apenas una muestra de los conflictos que se avecinan. El creciente descontento ya se expresa en la calle con manifestaciones cada vez más nutridas, como se pudo apreciar el 25 de mayo frente al obelisco porteños, o se verifica esta semana en la Marcha Federal que llegará el viernes a la capital del país.

Como indica el manual de Durán Barba, el gobierno buscó reducir esas manifestaciones a un acto opositor K, pero las encuestas y los focus group que a diario llegan a Olivos indican que el malhumor trasciende los confines kirchneristas. Con una ligera variante: esos estudios muestran que en los votantes de Cambiemos, más que el rechazo, cunde la decepción.

En ese marco de opinión pública adversa, el gobierno vetó la la ley que retrorae las tarifas a 2017. Aún contando -como todavía cuenta- con el apoyo de medios y comunicadores VIP, es probable que el gesto resulte altamente impopular: según las encuestas, más del 80% de “la gente” rechaza el tarifazo que Macri ratificó con su veto.

Los feligreses cambiemitas celebran el decreto presidencial como una muestra de “convicción y responsabilidad” frente a la “locura” -Macri dixit- del proyecto anti tarifas. Pero lo que exhibe el veto no es firmeza, sino la persistencia -contra viento y marea- del esquema de negocios, relaciones de poder y compromisos de clase que guían las políticas públicas de Cambiemos.

A los palos

“Lo que proponen tiene un costo fiscal de 75 mil millones de pesos, ¡que nos digan de dónde sacamos esa plata para cubrir el agujero!” vociferó el coro oficialista durante la sesión en el Senado. El libreto, obvio, surgió del ministerio de Hacienda, donde Nicolás Dujovne diseña las medidas de ajuste requeridas por el Fondo Monetario Internacional. Su objetivo, según trascendió, es llegar al 2019 con un déficit fiscal inferior a un punto del PBI. Para eso debiera bajar el gasto público en casi dos puntos, o subir la recaudación en la misma proporción. Pero esta semana quedó claro que el Gobierno sólo aplicará la tijera, cuando el propio Macri enterró la posibilidad de aumentar ingresos modificando la quita de retenciones con las que benefició a las patronales rurales.

Gobernar es elegir cómo se distribuyen costos y beneficios en un mundo desigual. Es evidente que el gobierno de Macri eligió desde la cuna: a quienes reproducen el capital, todo. Y a los que no, un salario a la baja o, con suerte, un programa social.

Ese principio rector explica por qué el gobierno decidió cargar el costo del ajuste sobre las mayorías asalariadas y populares, al tiempo que transfiere recursos y beneficios a la cúspide de la pirámide social. La discusión en torno al tarifazo ofrece un buen ejemplo de eso: a pesar de haber aplicado aumentos por encima del mil por ciento para reducir el costo fiscal de los subsidios, hoy el gobierno gasta exactamente lo mismo que en 2015, cuando asumió. ¿Dónde fue el ahorro? Al pago del aumento de los intereses de la deuda

La política de hiper endeudamiento destinada a apalancar el negocio de la especulación financiera estuvo en la base de la crisis cambiaria autoinflingida que se desarrolló en mayo. Varios elementos de esa corrida (empezando por el rol disparador de fondos de inversión amigos) habilitan sospechas sobre el origen de la crisis: ¿Acaso el gobierno la propició para justificar el súper ajuste que siempre quiso hacer? ¿La ceocracia llevó al país al borde del abismo -y dilapidó capital político del presidente- para poder vender como “un mal no deseado pero necesario” el fin del “gradualismo”, el tarifazo, la devaluación y el regreso al FMI?

Quizá sea un exceso de conspiranoia, pero ya se sabe: entre CEOs suelen medirse la audacia y el gusto por el riesgo.

Lo cierto es que, en los hechos, el gobierno ya había comenzado a aplicar varias de las recetas del FMI. Ajuste en jubilaciones, Ley de Responsabilidad Fiscal y recorte en subsidios fueron algunas de las recomendaciones del organismo que ya fueron implementadas por Cambiemos. El diagnóstico que orienta las demandas del FMI sostiene que el gasto argentino es “insostenible” y “limita la inversión, la competitividad, la creación de empleo y el crecimiento”. De acuerdo con la “nueva” mirada del organismo -Dujovne dixit- hay que disminuir aún más el gasto y reducir su concentración en salarios de empleados públicos, jubilaciones y transferencias sociales para adecuarlo a la realidad regional.

El programa del Fondo pone en conflicto al Gobierno, porque impacta en el esquema de negocios que propició. En rigor, lo que Cambiemos viene haciendo desde 2016 es, más que un recorte, una reconfiguración del gasto público. Por eso el “ahorro” generado por la quita de subsidios se termina usando para el pago de intereses de la deuda. De hecho, el gasto público total entre 2015 y 2017 se mantuvo constante en términos del PIB. En ese escenario, el stand by con el Fondo quizá sirva para garantizar el repago a los acreedores, pero el costo de sus condicionantes se sentirán fuerte en la economía real.

Aunque los números parecen indicar lo contrario, el impacto ya se produjo. Según los indicadores de actividad que releva el Instituto de Trabajo y Economía (ITE), en abril la economía creció un 5,3% respecto del mismo mes de 2017. De esta manera, la actividad mantuvo los signos de recuperación luego de haber cerrado el primer trimestre de 2018 con un crecimiento de 5%. “Pero es importante destacar que a partir de mayo la base de comparación dejará de ser negativa, por lo que la tasa de crecimiento comenzará a descender” relativiza el informe.

En efecto, la dinámica de abril refleja un escenario positivo en todos los indicadores, con la excepción de las ventas minoristas. Los despachos de cemento volvieron a acelerar su dinámica expansiva y se incrementaron un 13,5%. La recaudación de IVA-DGI en términos reales creció 8,9%, también se destaca el crecimiento de la actividad industrial medida por FIEL (6,1%). Por otro lado, según CAME las ventas minoristas no logran recomponerse, contrayéndose un 3,0% respecto a abril 2017.

“Al observar el indicador en frecuencia mensual sin estacionalidad se advierte que en abril la economía se mantuvo sin cambios respecto al mes de marzo -marca el ITE-. De esta manera la economía parece haber entrado en una zona de estancamiento desde comienzos de 2018”, concluye.

El informe reconoce que, luego de casi dos años, la actividad logró superar los niveles máximos que se registraron a mediados de 2015. “Sin embargo -agrega-, hace tres meses que la economía luce estancada y a partir de los próximos meses comenzará a observarse el efecto de la devaluación”.

Así las cosas, el gobierno ingresará al año electoral con la economía estancada y, como consecuencia, un escenario de alta conflictividad social. Podría revertir el escenario si cambiara su escencia política y forzara una distribución progresiva del ingreso, pero nada indica que lo hará. De modo que, si no se produce el milagro económico, sólo una cosa sostendría la ilusión reeleccionista de Cambiemos: mantenerse como antítesis de Cristina Fernández, quién todavía (aunque repunta en las encuestas) espanta votos en sectores dinámicos e influyentes de la sociedad.

El propio Macri confirmó la estrategia esta semana, cuando intentó subir a CFK al ring con una agresión misógina. Ese gesto desesperado encerró una confesión: hasta el propio presidente reconoce que se está licuando su base electoral. Quizá por eso, también, esta misma semana el presidente activó su plan B: permitir que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior.

El gobierno viene meneando esa medida desde el inicio de su gestión. La excusa que pondría fin a la letra y los principios de la Ley de Seguridad Interior que impulsó Raúl Alfonsín: la “lucha contra el narco y el terrorismo”. ¿Aceptará la UCR, copartícipe de Cambiemos, entregar una de las pocas banderas históricas que le quedan en pie? ¿O habrá desbande entre los socios? Hay radicales que podrían aprovechar el desplante para dar el salto que aún no se animan a dar.

La militarización de la seguridad es un viejo anhelo de la Argentina reaccionaria. Pero en eso, si ocurre, la restauración conservadora de Macri tampoco sería original: sus antecesoras también intentaron proteger sus políticas de hambre a punta de bayoneta.

El veto a la ley que moderaba el tarifazo activa el Plan B del Gobierno: militarizar la seguridad para custodiar el plan oficial de negocios y contener el conflicto social frente a la recesión que viene.
Por Adrián Murano – Revista Zoom

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