Internacionales : Trump pide expulsar a todos los inmigrantes sin pasar por un proceso judicial
En pleno caos por su gestión de la inmigración, el presidente de Estados Unidos quiere protegerse de la "invasión" con un muro legal que viola todas las leyes de asilo
El nacimiento de Estados Unidos fue el producto de la colonización de un territorio habitado por los indios. Probablemente vivieron aquel «descubrimiento» como una invasión. De tomar en serio a Donald Trump, en junio de 2018 este país está viviendo un acontecimiento de similar envergadura ante el que se están defendiendo: una «invasión». Así calificó ayer el presidente, a través de su cuenta de Twitter, la compleja situación migratoria en la frontera sur.
Estas declaraciones suben un grado más la virulencia presidencial en plenas negociaciones en el Congreso estadounidense entre demócratas y republicanos para alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión, tema que lleva doce años dando vueltas sin suerte por el Capitolio.
700.000 casos abiertos
La novedad del cambio a una consideración penal –venía siendo civil– del tipo de delito por cruzar al país por vías no legales, llevó a la separación familiar que mostró a Trump y a su administración como un gobierno sin alma. La posterior revocación de la medida, mediante una orden ejecutiva, y la invitación del presidente a que se haga uso de las vías legales para pedir asilo político en el país, no ocultan el caos que enfrenta Estados Unidos a la hora de gestionar correctamente un proceso que es complejo y puede durar años. El pasado mes de marzo estaban pendientes de procesar más de 318.000 casos aceptados de estudio de asilo, mientras los casos totales abiertos rozaban los 700.000. Desde diversos ámbitos, incluido el republicano, se ha solicitado la incorporación de más jueces, a lo que Trump se ha negado en rotundo.
La retórica de Trump apunta el camino y su Fiscal General, Jeff Sessions, va preparando el terreno. En marzo, eliminó el requisito de que los solicitantes de asilo tuvieran que ser escuchados obligatoriamente ante un juez de inmigración, lo que deja en manos de éstos la posibilidad de deportación en base a informes preliminares y reduce las garantías de recibir un proceso justo y equitativo. En abril, Sessions fue más allá y eliminó la posibilidad de solicitar asilo para mujeres que padecen violencia doméstica y para personas que huyan de pandillas violentas, situaciones que calificó de «violencia privada». En palabras del propio Fiscal, «el estatuto de asilo no proporciona reparación a todas las desgracias».
Mientras sigan en pie, las actuales leyes permiten que un inmigrante, haya entrado o no por vías oficiales en el país, solicite asilo. Hasta ahora, aquellas personas aceptadas para cualificar como asiladas podían permanecer en libertad en el país mientras se estudiaba su caso. La decisión de Trump de mantener detenidos, pero juntos, a los miembros de una misma familia esquivaría esa circunstancia. Eso sí, a costa de violar la obligada libertad de los menores después de 20 días de cautiverio.
Estas declaraciones suben un grado más la virulencia presidencial en plenas negociaciones en el Congreso estadounidense entre demócratas y republicanos para alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión, tema que lleva doce años dando vueltas sin suerte por el Capitolio.
700.000 casos abiertos
La novedad del cambio a una consideración penal –venía siendo civil– del tipo de delito por cruzar al país por vías no legales, llevó a la separación familiar que mostró a Trump y a su administración como un gobierno sin alma. La posterior revocación de la medida, mediante una orden ejecutiva, y la invitación del presidente a que se haga uso de las vías legales para pedir asilo político en el país, no ocultan el caos que enfrenta Estados Unidos a la hora de gestionar correctamente un proceso que es complejo y puede durar años. El pasado mes de marzo estaban pendientes de procesar más de 318.000 casos aceptados de estudio de asilo, mientras los casos totales abiertos rozaban los 700.000. Desde diversos ámbitos, incluido el republicano, se ha solicitado la incorporación de más jueces, a lo que Trump se ha negado en rotundo.
La retórica de Trump apunta el camino y su Fiscal General, Jeff Sessions, va preparando el terreno. En marzo, eliminó el requisito de que los solicitantes de asilo tuvieran que ser escuchados obligatoriamente ante un juez de inmigración, lo que deja en manos de éstos la posibilidad de deportación en base a informes preliminares y reduce las garantías de recibir un proceso justo y equitativo. En abril, Sessions fue más allá y eliminó la posibilidad de solicitar asilo para mujeres que padecen violencia doméstica y para personas que huyan de pandillas violentas, situaciones que calificó de «violencia privada». En palabras del propio Fiscal, «el estatuto de asilo no proporciona reparación a todas las desgracias».
Mientras sigan en pie, las actuales leyes permiten que un inmigrante, haya entrado o no por vías oficiales en el país, solicite asilo. Hasta ahora, aquellas personas aceptadas para cualificar como asiladas podían permanecer en libertad en el país mientras se estudiaba su caso. La decisión de Trump de mantener detenidos, pero juntos, a los miembros de una misma familia esquivaría esa circunstancia. Eso sí, a costa de violar la obligada libertad de los menores después de 20 días de cautiverio.
fuente http://www.abc.es
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